Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/142103

La necedad que agiganta el peligro

¿Cuántos de los hombres que visten uniformes y llevan una pistola en la cintura tienen discernimiento para controlar el gatillo libre?

Es verdad que la inseguridad no da respiro, golpea cotidianamente en todas partes en todo momento. Y ninguno está a salvo. Algo hay que hacer para erradicar este flagelo, que constituye junto con los dramas sociales (desocupación, pobreza, declive sanitario) derivados de la política económica, una preocupación principal, permanente, de la sociedad argentina. No por nada, el reclamo aparece en cuanto sondeo de opinión se encargue en tiempo de campaña o en procesos de gestión; sin embargo aunque el problema es concreto y demanda una respuesta urgente y efectiva de las autoridades, difícilmente la solución llegue por vía del gatillo fácil. La resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que flexibiliza el uso de armas letales por parte de los efectivos de fuerzas federales marca un grave retroceso en el camino de lograr una sociedad más civilizada.

El método “dispare primero y pregunte después” que parece inspirar el nuevo protocolo oficial para los uniformados de las fuerzas de seguridad nacional pone al país al borde de un riesgosa pendiente hacia un estado primitivo. En el nivel inferior sólo hay más inseguridad. Con el tiro inicial, la tendencia irreversible será la balacera. Entonces aquel escenario del Lejano Oeste propio de las películas de Hollywood se volverá la normalidad. Y lo normal no es matar personas sin mediar palabra, sin un atisbo de justicia, sin garantías de un debido proceso ni de respeto por la vida. Tampoco es normal, ciertamente, que los ciudadanos vivan atemorizados, que sufran el despojo de sus bienes, o pierdan la integridad física, incluso la vida misma. No es normal -no debería ser- morir a manos de un delincuente. Lamentablemente, sucede cada vez más seguido, pero la reacción no puede ser de igual magnitud, eso justamente es lo que define el trazo moral de la acción legal. El gatillo fácil es de los delincuentes, no de los policías. Los uniformados que son auxiliares de la ley tiene un arma para proteger y protegerse, dentro de limites que están perfectamente normados, fundados también en el sentido común y la observancia del derecho a la vida. El arma no les fue dada para atacar ni para emprender a tiros sin aviso. El protocolo que en los últimos días puso en vigencia la ministra Patricia Bullrich rompe con ese paradigma e incita a los efectivos de las Fuerzas de Seguridad a convertirse en sheriff con la cartuchera sin seguro. Con esta temeraria decisión oficial, el gobierno de Mauricio Macri, por vía de su más polémica ministra, instaura de hecho la pena de muerte, que la Constitución Nacional prohíbe expresamente. Incómoda -y riesgosa- atribución es la que la administración Cambiemos les otorga a los uniformados al permitirles el uso de armas letales sin más reparo que su discrecional evaluación. ¿Cuántos de los hombres que visten uniformes y llevan una pistola en la cintura tienen discernimiento para controlar el gatillo libre? El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, que está de acuerdo con la medida de Bullrich, dijo que “en su uso adecuado, la normativa no debería ser considerada violatoria de los derechos humanos”. Siguiendo esta lógica -expresada por Garavano-, si todos los conductores pisaran el freno en las encrucijadas y cedieran el paso a los otros vehículos, no se necesitarían semáforos en las esquinas. En ocasiones, los ministros del Gabinete de Macri, incluso el propio Presidente, sorprenden con reflexiones que reflejan una debilidad preocupante. Suponer que la inseguridad, de los vecinos, incluso de los propios uniformados que arriesgan su vida, se resuelve a los tiros, evidencia una infeliz necedad frente a la magnitud del drama que está en curso y con riesgo concreto de profundizarse.s