A pie y con un horizonte oscuro

Mala noticia para los usuarios del transpor­te público de pasajeros, los colectivos se­guirán guardados en horario nocturno y, además, podría profundizarse la medida de fuerza la próxima semana. La descomposición de la relación entre el sindicato de los colectiveros y la patronal del sector por un incumplimiento salarial de estos últimos enciende una luz de alerta para los go­biernos locales (provincias y municipios) que tendrán que lidiar con un problema mayúsculo, más allá del conflicto que está generando en estos días el paro par­cial que ha dispuesto la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El escenario actual es apenas un discreto trau­ma respecto del drama que se avecina si antes de que comience el 2019 no se establecen reglas claras y precisas de cómo habrá de sustentarse el negocio del transporte público. Hay presagios de todo calibre y todos espantan.
El hecho es que la Nación de­jará de alimentar con subsidios la actividad del transporte de pasajeros y ya anunció formal­mente que transferirá esa res­ponsabilidad a gobernadores e intendentes. Lo dijo el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, a principio de septiembre. Es parte del ajuste fiscal al que se comprometió el gobierno de Mauricio Macri en el acuerdo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI); la Casa Rosada se desentiende de una pesada carga de aproximadamente 3.600 millo­nes de pesos anuales y traspasa el ancla a las jurisdic­ciones del interior.
En el contexto inflacionario actual, a lo que hay que agregar la brutal devaluación y la fuerte recesión, el mercado del transporte público también sufre el im­pacto de la crisis, aunque no por la caída de la deman­da (ya que la gente no deja de viajar) sino por el incre­mento de precios de los insumos (combustible, lubri­cantes, neumáticos, repuestos) y servicios. El recorte de subsidios nacionales alcanzaría también al valor diferencia del gasoil que hoy tienen las empresas con­cesionarias y que constituye la piedra basal del -hasta ahora- lucrativo negocio de transportar personas.
Esta combinación de factores que están gestando­se muestran un horizonte oscuro, por eso las miradas apuntan hacia el mismo lado: la tarifa. Y todos los observadores, hasta los más desprevenidos, avizoran que la única salida para sostener el sistema es un “bo­letazo”. ¿Hay espacio, en el bolsillo y en la paciencia de la gente, para una medida extrema?
En algunas jurisdicciones ya comenzaron a hacer cálculos y el primer resultado no baja del 40% (de aumento), pero esas son las previsiones más optimis­tas. Otros estiman que el valor del pasaje tendrá que duplicarse o incluso ir más arriba. Muy pronto este será el problema de los gober­nadores e intendentes. Aquí, en Corrientes, el boleto (tarifa pla­na) está en $11, y las estimaciones oficiosas hablan de un salto a $25 o más. En el ámbito de la Inten­dencia ya tienen en estudio una actualización de la tarifa del ser­vicio, se concretará seguramente antes del brindis de fin de año.
El empresariado correntino, en sintonía con el discurso de sus pares de otras capitales, avisó que el cuadro es deli­cado, el sector perdió rentabilidad y eso les impide -por ejemplo- cumplir con los acuerdos salariales. Si así están con los subsidios todavía fluyendo, mejor no imaginar cómo será la situación cuando se termine el asistencialismo estatal.
Quizás el punto de inflexión que se avecina ofrez­ca una buena oportunidad para ordenar el sistema, adecentar y transparentar las cuentas, especialmente después del festival de subsidios que tuvo el sector du­rante el gobierno kirchnerista y el bienio del macris­mo. Tal vez ha llegado el momento de compartir el sa­crificio, sin perder de vista que se trata de un negocio y no es cuestión de trabajar a pérdida, pero tampoco ganar como siempre.