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Connivencia de efectivos provinciales con los narcos

Sospechan que policías liberaron un área de 50 kilómetros para el narcotráfico

El jefe policial está domiciliado en un pueblo que también es señalado como un área de constante tráfico de estupefacientes desde Paraguay.

Los equipos de investigación de las fuerzas de seguridad detectaron que la actividad de narcotráfico en el departamento de San Cosme, a unos 50 kilómetros de la capital correntina, es desarrollada desde hace tiempo, ya que las organizaciones aprovechan los campos y montes de la zona costera para realizar en forma sigilosa el traslado de grandes cantidades de estupefacientes hacia los centros de acopio, instalados en esa zona.

El área está ocupado por grandes extensiones de campo, con estancias en los que existen caminos alternativos que posibilitan la salida hacia la Ruta nacional 12 y también vías de tránsito hacia la capital correntina.

Se trata de la zona en la que tiene domicilio Diego Ocampo Alvarenga, quien se desempeñaba como comisario de la localidad de Itatí, quien fue detenido y sospechado de colaborar con organizaciones transnacionales de narcotráfico, cuando se desarrolló el Operativo Sapucay. El uniformado fue apresado en febrero cuando el juez federal porteño Sergio Torres ordenó 46 allanamientos en cuatro provincias en el contexto de una investigación por el traslado de grandes cantidades de estupefacientes a siete provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese contexto, los efectivos de la Gendarmería Nacional ingresaron a la Unidad policial itateña y detuvieron a Ocampo Alvarenga. En esa dependencia incautaron teléfonos, agendas y documentación, además de varios paquetes de marihuana y papeles engomados que estaban guardados en una celda y en el cajón de un escritorio.

La sospecha es que el uniformado y sus subordinados Mario Molina y Gabriela Quintana -quienes también fueron detenidos- recibían dádivas para “liberar” zonas para el tránsito de vehículos cargados con estupefacientes, pero que le brindarían protección directa a las organizaciones criminales. Según el expediente 3002/2017 los uniformados de la Policía de Corrientes “brindarían protección directa a los integrantes del grupo delictivo para llevar a cabo las maniobras de tráfico ilícito, materializándose esta asistencia en dar apoyo frente a la intervención de fuerzas de seguridad nacionales, invocando jurisdicción sobre los hechos, o dándoles aviso de alguna medida restrictiva dictada en su contra”.

La sospecha ahora es que el jefe de la seccional se habría valido de su cargo para garantizar el desarrollo del tráfico de drogas en la jurisdicción que tenía a cargo, pero también en la zona donde estaba domiciliado. Según esta hipótesis el oficial policial -quien fue condecorado por el Ministerio de Seguridad provincial- pudo haber garantizado la circulación de grandes cantidades de estupefacientes en una franja de 50 kilómetros desde Itatí hasta San Cosme, entre el río Paraná y la Ruta nacional 12.

En esta acción de omisión también colaboraba su lugarteniente, Molina, a quien además se le endilga la posible provisión de armamento a las bandas transnacionales. Lo que sostiene el juez de la causa es que “también se pudo averiguar que (Molina) proporcionaría armamento y municiones para perpetrar los fines delictivos con mayor eficiencia, como así también que los alertaría de la presencia de otras fuerzas de seguridad para poder movilizar los cargamentos de droga de un lugar a otro”.s

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